¿QUIÉN FIRMÓ LOS CONTRATOS?

por RICARDO CORTEZ

La prisa por declarar éxito suele ser el primer síntoma de un gobierno inseguro. Lo vimos cuando el alcalde Rodrigo Ureño aseguró, apenas terminada la feria, que la máxima celebración de los jerezanos había sido un logro rotundo. Hoy, esa afirmación no solo parece precipitada, sino profundamente desconectada de la realidad que comienza a emerger.

Una cosa es el discurso político y otra muy distinta la rendición de cuentas. A días de haberse bajado el telón, lo que predomina no es el aplauso institucional, sino el silencio administrativo. Un silencio que pesa, incomoda y, sobre todo, genera sospechas.

El dato es contundente: el Comité de Vigilancia de la Feria 2026 no cuenta con información básica sobre contratos, concesiones ni organización general del evento. No se trata de un detalle menor, sino de una omisión que golpea directamente la credibilidad del gobierno en turno.

Más grave aún es que esta falta de información no es reciente. Desde antes de la realización de la feria, ya se habían solicitado datos a las autoridades responsables sin obtener respuesta. La negativa —o la omisión— no es casual: es sistemática.

El titular del Órgano Interno de Control, Octavio de la Torre, ha sido claro: dentro de sus facultades está revisar y señalar posibles irregularidades. Sin embargo, su trabajo ha sido obstaculizado por la ausencia de documentación que, por reglamento, debió entregarse oportunamente.

En este punto, la narrativa oficial comienza a desmoronarse. ¿Cómo sostener que hubo éxito cuando ni siquiera se puede explicar cómo se administraron los recursos? ¿Cómo hablar de orgullo cuando la transparencia brilla por su ausencia?

La feria, que debería ser un símbolo de identidad y celebración, hoy se convierte en un caso emblemático de opacidad. Se desconoce quién recibió contratos, bajo qué criterios se otorgaron concesiones y cuál fue el método para la venta de boletos. En otras palabras: no hay claridad sobre el manejo del dinero público.

Y cuando no hay claridad, lo que surge inevitablemente es la duda. No es necesario acusar para cuestionar. Basta con observar que el propio Comité de Vigilancia reconoce un desconocimiento total para entender la dimensión del problema.

El argumento de “no aventurarse a conclusiones” resulta políticamente correcto, pero insuficiente frente a una ciudadanía que exige respuestas. La transparencia no es opcional ni negociable; es una obligación legal y ética.

Lo que está en juego no es solo la evaluación de una feria, sino la confianza en el gobierno Ureñista. Cada día que pasa sin información es un día que erosiona la legitimidad del gobierno municipal. En 45 días deberá presentarse un informe ante el cabildo. Ese será el momento de la verdad. No bastarán discursos ni justificaciones: se necesitarán documentos, cifras y claridad. ¿Usted que opina?

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