MUCHAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA

 

por RICARDO CORTEZ

La política municipal en Jerez parece no encontrar tregua. Cuando apenas comenzaban a disiparse otras polémicas, el gobierno encabezado por Rodrigo Ureño vuelve a enfrentar un nuevo episodio que amenaza con profundizar el desgaste de su administración. Esta vez, el tema no es menor: la reducción de una multa ambiental impuesta por la tala de 18 árboles.

El caso ha provocado inquietud pública. La empresa Grupo Corporativo Alma S.A. de C.V. había sido sancionada en julio de 2024 por la tala de árboles, considerada por las autoridades como un daño irreversible al medio ambiente. La sanción, en su momento, representaba un mensaje claro de responsabilidad ambiental. Hoy, ese mensaje parece haberse diluido.

La polémica surge porque, según se ha dado a conocer, la multa habría sido reducida en un 60 por ciento. La cifra no es menor, y el hecho tampoco. Lo que originalmente representaba una sanción significativa terminó reduciéndose, una cantidad que muchos consideran insuficiente frente al daño ocasionado.

El tema cobró fuerza cuando la regidora Soledad Salas declaró a un medio estatal que dicha reducción se habría realizado mediante un convenio directo con la síndico municipal, Susana de la Torre. De acuerdo con su versión, el acuerdo se concretó sin que el Cabildo fuera informado ni consultado.

Si esta versión es correcta, el problema deja de ser únicamente ambiental para convertirse en un asunto político y administrativo. El Cabildo es el órgano colegiado que representa la pluralidad del municipio, y excluirlo de decisiones de esta naturaleza genera inevitablemente dudas sobre los procedimientos seguidos.

Más aún cuando, hasta el momento, el convenio que permitió la reducción de la multa no se ha hecho público. La falta de transparencia alimenta las sospechas y abre espacio a interpretaciones que el propio gobierno debería ser el primero en evitar.

Las preguntas surgen de manera inevitable: ¿Por qué no se informó al Cabildo?, ¿Quién autorizó finalmente este acuerdo?, ¿Estaba enterado el alcalde Rodrigo Ureño?, ¿Existen otros casos similares? En política, lo que no se explica a tiempo suele convertirse en crisis.

También llama la atención el silencio de la mayoría de los regidores. En un momento en el que la ciudadanía exige claridad y rendición de cuentas, la ausencia de posicionamientos públicos no ayuda a disipar la incertidumbre. La transparencia no se defiende con discursos, sino con información.

Para el gobierno de Rodrigo Ureño, este episodio representa algo más que una polémica administrativa. Se trata de un nuevo golpe a la percepción pública de su gestión, en un momento en el que cualquier error pesa el doble. Y en política, la percepción suele ser tan determinante como los propios hechos. ¿Usted qué opina?

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